Más trampas de Batet: indulta a Rodríguez con un informe que omite la firma de la Secretaría General

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, y el resto de miembros de PSOE y Podemos en la Mesa de la Cámara han indultado este martes al diputado morado Alberto Rodríguez, condenado e inhabilitado por el Supremo por patear a un policía en 2014, con un informe que carece de la firma de la Secretaría General, a diferencia de lo ocurrido en veces anteriores cuando también se trataron cuestiones jurídicas.

En concreto, el controvertido informe elaborado por los servicios jurídicos de las Cortes que ha servido hoy a PSOE y Podemos para no retirar la condición de diputado al condenado Rodríguez sólo lleva el escudo-logo de España y la inscripción «Congreso de los Diputados», pero no aparece el respaldo de la Secretaría General. El Letrado Mayor de las Cortes Generales o secretario general del Congreso es Carlos Gutiérrez Vicén. A este figura «corresponde ofrecer a los órganos parlamentarios y a los diputados apoyo para el desarrollo de sus tareas. Más concretamente, presta su asesoramiento jurídico y técnico a dichos órganos», según la normativa vigente.

Tal ausencia contrasta, por ejemplo, con el informe que los letrados del Congreso, ya con Batet en la Presidencia de la Cámara, hicieron el 24 de mayo de 2019 para avalar la suspensión de los diputados golpistas de sus funciones como parlamentarios: fueron Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Aquel informe sí llevaba la firma de la Secretaría General junto al escudo de España.

Este asunto se abordó en la segunda reunión de la Mesa de la anterior legislatura, y al término de la misma Batet precisó que la decisión se había tomado pese a que los diputados de Unidas Podemos «no estaban de acuerdo con que la decisión se tomara hoy» (por el 25 de mayo de 2019) y habían solicitado «más tiempo para estudiar la decisión con más detenimiento». La presidenta del Congreso alegó que ella había pedido el informe a los letrados de la Cámara para tomar la decisión «con las máximas garantías».

En cambio, para el indulto de este martes a Alberto Rodríguez, socio de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición de la presente legislatura, ni PSOE ni Podemos han aceptado oír antes a la Junta Electoral, ni Batet reconoce la autoría de haber encargado el informe a los letrados, como si hizo con el caso de los golpistas en mayo 2019.

En la Junta de Portavoces celebrada este martes, tras la reunión de la Mesa, la socialista Meritxell Batet ha evitado asumir el encargo del informe -sin firma- de los servicios jurídicos de la Cámara baja que avala la continuidad de Alberto Rodríguez (Podemos) como parlamentario, pese a ser condenado en firme e inhabilitado por el Tribunal Supremo. La presidenta de la Cámara se ha refugiado así en el pronunciamiento de la Mesa, esto es, los votos de los 6 miembros de PSOE y Podemos frente a los 3 de PP y Vox.

Silencio

En dicha Junta de Portavoces y a instancia primero de la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, y del portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en un segundo turno, Batet no ha respondido sobre si el encargo de este controvertido informe, que no era preceptivo ni vinculante, lo hizo ella como máxima responsable de la Cámara, según fuentes parlamentarias.

Fuentes de la Presidencia del Congreso también han afirmado a OKDIARIO que Batet no encargó el informe sino que se hizo «de oficio, como con todo lo que llega la Mesa». Sin embargo, fuentes parlamentarias desmienten tal extremo a este periódico y aseguran que el índice rojo con los temas a tratar por la Mesa llega con una nota explicativa y una consiguiente propuesta para cada cuestión, pero no con un informe ad hoc como ocurre en este caso. De hecho, este informe era el único que constaba en el índice rojo de temas abordado hoy por la Mesa.

Entretanto, PP y Vox han anunciado toda una ofensiva ante la propia Mesa, a través del trámite de reconsideración, la Junta Electoral y el Tribunal Supremo para que se ejecute la sentencia y no se haga una interpretación partidista y sesgada de la misma.

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión quedó sustituida por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

El escrito del condenado

En base a esta sustitución, el informe de los letrados agrega que «atendiendo al literal del artículo 6.2 a) de la LOREG, que vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena, no cabría apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ab origine, no ha llegado a nacer en ningún momento». Este es uno de los argumentos presentes en el escrito que el propio Alberto Rodríguez elevó la semana pasada a la Mesa del Congreso en contra de la sentencia del Supremo. Y al que este martes PSOE y Podemos se han agarrado para que el condenado Rodríguez siga de diputado.

Sin embargo, ante esta manipulación, la oposición ha señalado que la sentencia del Supremo explica claramente que «la sustitución no afecta a la pena accesoria de la pena de prisión, y que las penas accesorias son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad, y no de su ejecución».